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 Desde el inicio de su mandato, al tomar la posta del gobierno de transición que volvió al país al rumbo democrático tras el régimen autocrático y corrupto de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el gobierno de Alejandro Toledo promovió la gobernabilidad democrática como el eje central de su gestión.
En tal sentido, impulsó el diálogo como mecanismo de concertación entre el Gobierno y la sociedad civil para la búsqueda de puntos de acuerdo que aseguren la gobernabilidad del país. Fruto de este diálogo es el Acuerdo Nacional, que fija políticas de Estado para los próximos 20 años, independientemente de los gobiernos de turno
Esa permanente voluntad de buscar el entendimiento entre todos los peruanos para enfrentar los desafíos del futuro y cerrar las brechas del pasado tuvo, entre otras expresiones tangibles, el establecimiento, sobre la base de la iniciativa del gobierno de Transición, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe final y recomendaciones dieron lugar durante el gobierno 2001-2006 a la puesta en marcha del Programa Integral de Reparaciones y a la creación del Registro Nacional de Víctimas, así como al establecimiento del 10 de diciembre como Día de la Reconciliación Nacional.
Así mismo, impulsó una serie de acciones orientadas a cimentar la inclusión social, entre las cuales destaca, además de la reorientación del gasto público, la creación de la Comisión Nacional Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPAAA).
La gobernabilidad democrática, tal como fue entendida y practicada, no se agota sin embargo en la búsqueda permanente de la concertación.
Bajo el principio de que la equidad social sólo puede ser resultado de un manejo económico responsable, mantuvo un rumbo firme que permitió lograr una necesaria estabilidad y tasas de crecimiento inéditas en la historia republicana reciente, a un ritmo por encima del registrado en la región.
También se realizó una prédica incesante en los foros internacionales, con el fin de sensibilizar a los países en desarrollo y a los organismos financieros sobre la necesidad de establecer condiciones justas para el financiamiento del desarrollo.
En el afán de sentar las bases para un desarrollo duradero y, al mismo tiempo, incorporar a la economía a vastos sectores de la población secularmente excluidos, emprendió una vigorosa acción en materia de infraestructura vial, consiguiendo ampliar la red vial asfaltada en 15%; de titulación de tierras, permitiendo a centenares de miles de beneficiarios tener la posibilidad de acceder a créditos del Banco de Materiales, así como a servicios de agua, desagüe y energía eléctrica; y de acceso al crédito, para el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y para el fomento de emprendimientos de micro y pequeñas empresas.
En el ámbito internacional, este compromiso con la gobernabilidad democrática tuvo su expresión en la iniciativa presentada a la Organización de Estados Americanos para el establecimiento de la Carta Democrática Interamericana, hoy vigente, que fue aprobada por los Estados miembros. |
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