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Comisión de la Verdad y Reconciliación
 
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Comisión de la Verdad y Reconciliación Con la ratificación y complementación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) creada por el gobierno transitorio presidido por Valentín Paniagua, desde el inicio de su mandato Alejandro Toledo emprendió un conjunto de acciones con el propósito de aplicar los criterios de verdad, justicia y reconciliación en torno a los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno en los años 1980-2000.

Con la ratificación y complementación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) creada por el gobierno transitorio presidido por Valentín Paniagua, desde el inicio de su mandato Alejandro Toledo emprendió un conjunto de acciones con el propósito de aplicar los criterios de verdad, justicia y reconciliación en torno a los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno en los años 1980-2000.

A la incorporación de nuevos miembros de la referida Comisión a poco más de 30 días de asumida la Presidencia, se sumó posteriormente, el 7 de enero de 2002, el pedido público de disculpas a las comunidades campesinas por parte de Alejandro Toledo a nombre de la nación; la institucionalización del 10 de diciembre como el Día de la Reconciliación Nacional; y, posteriormente, le financiamiento de la segunda parte del Quipu de la Memoria, que se construyó en el Campo de Marte a iniciativa de la sociedad civil.

Toledo cumplió puntualmente con el compromiso asumido de apoyar el trabajo de la CVR, con la certeza de que el país debía afrontar la verdad para emprender el camino de la reconciliación.

Tras recibir el informe final de la CVR en una emotiva ceremonia realizada el 28 de agosto de 2003, luego de recoger diversas opiniones y convencido de la importancia de encarar las razones estructurales de la violencia y su carácter excluyente, su gobierno sentó las bases para la ejecución de lo que llamó un Plan de Paz y Desarrollo en las zonas afectadas por la violencia para ejecutarse en el período comprendido entre fines del 2003 y el 2006.

Además de destinar 2,845 millones de soles para la ejecución del referido plan hasta el año 2006, se conformó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional. En la práctica, el CMAN coordina e implementa los programas de reparación a través de los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales.

También, entre otras acciones en materia de vivienda, educación y salud, se modificó el reglamento del Bono Familiar Habitacional con el propósito de otorgar un trato preferencial a las víctimas de la violencia política en los programas de vivienda del gobierno, y se incorporó a huérfanos y viudas de la violencia al Sistema Integral de Salud (SIS),

Como una manera de dar cumplimiento a las recomendaciones comprendidas en el informe final de la CVR, se promulgaron dos normas de importancia: la Ley sobre Desplazamientos Internos en beneficio de las aproximadamente 120 mil familias que se vieron obligadas a dejar sus lugares de residencia, principalmente de la región sur central (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín), que permite definir los derechos de los desplazados, las garantías para su protección y la asistencia que el Estado debe prestarles; y la de creación del Plan Integral de Reparaciones (Ley 28592). Esta última sentó las bases para la creación del Consejo de Reparaciones, ente encargado de elaborar el Registro Único de Víctimas.

En esa misma línea se puso en marcha el Programa Integral de Reparaciones con una inversión de 10 millones de soles en comunidades afectadas por la violencia en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín.

También asumió el compromiso de respaldar las acciones del Ministerio Público en la identificación de las víctimas, iniciando una cruzada para recabar recursos que se destinarían a la elaboración del Registro Único de Víctimas y al fortalecimiento de las fiscalías encargadas de casos vinculados a las secuelas de la violencia.

De manera significativa, el programa de subsidios directos condicionados Juntos empezó a funcionar en Chuschi, Ayacucho, primer poblado atacado por Sendero Luminoso.
 
 
 
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